Asegura que fuentes de la PGR le informaron que existen 238 denuncias contra dirigentes.
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Viernes 22 de enero de 2010, p. 7
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene en su poder 238 denuncias presentadas contra dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), lo que hace suponer la intención gubernamental de encarcelarlos y reprimir las acciones que realizan en defensa de su fuente de empleo, señaló el líder del gremio, Martín Esparza.
Agregó que fuentes de la propia PGR les revelaron lo anterior y le advirtieron que se prepara el escenario para detener y encarcelas en los próximos días a diversos líderes del sindicato.
En conferencia de prensa, indicó que hay demandas y averiguaciones contra él mismo, por lo que los abogados de la organización ya iniciaron los procesos de amparo respectivos, ya que si bien las acciones de lucha de los electricistas por recuperar su trabajo “son pacíficas”, tampoco van a frenar sus movilizaciones, ni a callar su voz.
Sabotaje y acopio de armas, entre los delitos imputados
En las denuncias se imputa a los representantes sindicales “sabotajes”, “acopio de armas” y “atentados contra instalaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”, por lo que no se descarta que funcionarios de la dependencia hayan presentado dichas demandas.
Esparza se reunió ayer con ex secretarios generales del sindicato y miembros de comités ejecutivos anteriores para delinear algunas estrategias.
Confirmó que este viernes asistirán a la mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, donde exigirán que no se intente la persecución penal de los líderes, que el conflicto se dirima por cauces jurídicos y que se busque una salida negociada, porque de lo contrario éste se podría “polarizar”.
El sindicato tampoco quitará el dedo del renglón en demandar la entrega del aguinaldo y el fondo de ahorro a los trabajadores que no se han jubilado, que se jubile a los electricistas que ya estaban en trámite de hacerlo y que se les regresen sus pertenencias
El SME busca –por medio de la revisión del amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los amparos individuales y colectivos de los trabajadores y de las denuncias ante instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y el TLC– resolver por vía legal, pero al parecer existe la intención de criminalizar la protesta del sindicato, explicó.
Todo indica, sostuvo, que no hay voluntad política para alcanzar una negociación que dé punto final al conflicto.
El sindicato “hace responsable al gobierno federal de la persecución y posible encarcelamiento de sus dirigentes y demás miembros del comité central”, agregó.
Al parecer, abundó, la intención es llevar “hasta las últimas consecuencias” la campaña de linchamiento y satanización que el gobierno emprendió contra los electricistas.
En cuanto a la marcha que diversos sindicatos llevarán a cabo el día 29 de enero –para rechazar la política del gobierno de Felipe Calderón, el desempleo, la carestía, los incrementos de impuestos y las acciones emprendidas contra los sindicatos democráticos del país–, Esparza indicó que el SME va a participar en la movilización y su propuesta es que ésta parta del Ángel de la Independencia y concluya en Los Pinos.
No obstante, organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores han planteado que la marcha corra del Monumento a la Revolución al Zócalo, por lo que el recorrido final todavía será revisado está semana.
En la conferencia de prensa se señaló que existen muestras de intolerancia contra el gremio, ya que, por ejemplo, en la planta de Lechería, en Cuautitlán Izcalli, policías les quitaron sus cámaras de video a trabajadores que intentaban grabar el saqueo de material de esta unidad.
En Hidalgo, afirmaron, policías se fueron contra reporteros del diario Plaza Juárez, el semanario La Voz Distrital y otros medios de comunicación cuando grababan la salida de material de instalaciones eléctricas.
Esparza señaló que el SME continuará denunciando esos ataques. Añadió que el sindicato ya presentó una demanda “contra quién resulte responsable” de esos ilícitos, porque prácticamente están “vaciando” todos los centros de trabajo.
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