NO ES UNA MEDIDA CONTRA EL SINDICALISMO

Por Carlos Del Buen

En la conferencia de prensa del 11 de octubre, a la que citó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para dar a conocer el decretazo dominguero que

extinguió a Luz y Fuerza del Centro (LyFC), dijo que no aceptaría que se interpretara como una estrategia contra los sindicatos.

Debemos entender, pues, que la negativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para tomar nota de la reelección del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la súbita extinción de LFC, son una mera coincidencia, como lo es también que Gómez Mont haya imputado su ineficacia al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y a “una coadministración con el sindicato que fue deteriorando la operación del organismo”.

No vaya usted a pensar que las acusaciones del titular de la STPS, Javier Lozano, en contra del secretario general del SME, Martín Esparza, de haber incurrido en fraude electoral, hayan tenido algo que ver con la extinción del organismo.

Habrá que interpretar también como una casualidad la campaña mediática instaurada en contra del SME, que logró que a una pensadora tan apreciada como Denise Dresser se le fuera la luz y se sumara a la estrategia del gobierno para “justificar” la violación a la autonomía de un sindicato que le resulta incómodo, precisamente por ser autónomo. Dresser acusó a Esparza de chantajear al gobierno con la amenaza de la huelga (“Código Dresser”, en Reporte Índigo) –olvidando que se trata de un derecho y no un delito– y acabó pidiendo “que alguien en el gobierno se pare del lado de los ciudadanos en vez de marchar al lado de los electricistas” y que despliegue “la audacia suficiente para bajarles el switch”.

Es precisamente lo que buscaba el audaz secretario del Trabajo con sus ataques al SME, aunque dudo que haya previsto conseguir piezas tan atractivas como Denise, como Federico Reyes Heroles (Reforma, 6 de octubre) o Jesús Silva-Herzog Márquez (Reforma, 12 de octubre). Habrá que felicitarlo por ello.

El SME y Esparza cometieron un grave error al paralizar el Periférico el 3 de septiembre y tomar de rehén a la ciudadanía para presionar a Lozano a que otorgara la toma de nota que legalmente tenía que dar. Al parecer, el gobierno suponía que continuarían los bloqueos y seguirían cortes de energía eléctrica y quizás la huelga, dada la violación de LyFC al CCT, al negarse a entregar al SME las cuotas de sus miembros. Se generaría así una mayor animosidad en contra de los electricistas y se obtrendría el respaldo popular a la “intervención administrativa” en el organismo descentralizado, mediante la absurda expropiación temporal de sus propios bienes, para pasar luego a la extinción de LyFC.

Sin embargo, los electricistas no cayeron en la trampa y el gobierno tuvo que acudir al “plan B”, que incluyó la heroica toma nocturna de las instalaciones semivacías de LyFC por parte de la Policía Federal, como marco escénico para anunciar el Decreto de extinción. El valiente y considerado secretario de Gobernación presumió que el operativo no tuvo costos humanos que lamentar.

A todo esto, ¿quién es el culpable de la situación de LyFC, el sindicato que ha conseguido buenas condiciones para sus agremiados, que es precisamente su razón de ser, o los gobiernos del PRI y del PAN que han dirigido tan mal al organismo?

El problema de LyFC exigía una solución apegada a Derecho, pero los antecedentes del gobierno en materia sindical hacían difícil anticipar que actuaría legalmente. La Ley Federal del Trabajo (LFT) prevé los procedimientos de los conflictos colectivos de naturaleza económica como la vía jurisdiccional para modificar las condiciones laborales. Dice su Artículo 919 que la Junta de Conciliación y Arbitraje, “a fin de conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre los trabajadores y patrones, en su resolución podrá aumentar o disminuir el personal, la jornada, la semana de trabajo, los salarios y, en general, modificar las condiciones de trabajo de la empresa o establecimiento, sin que en ningún caso pueda reducir los derechos mínimos consignados en las leyes”. Como se puede ver, los problemas laborales de LyFC se podían solucionar por esta vía.

¿Por qué acudir, entonces, a una fórmula ilegal? ¿Por costumbre, quizás? Tal vez, pero debe haber pesado más el costo político que supondría respetar los derechos sindicales, lo que implicaría que al darse la sustitución patronal entre LyFC y la CFE, los trabajadores continuaran con la representación del SME y mantuvieran en sus establecimientos un CCT independiente del que tiene el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), que es, ese sí, un claro ejemplar del corporativismo nacional. Claro que con el SUTERM se podrá tratar “civilizadamente” todo lo relativo a las condiciones de trabajo y también, por qué no, algún negocio con la fibra óptica en el que por lo visto concurren intereses de importantes funcionarios del gobierno foxista.

Es falsa la pretensión presidencial de que respetará los derechos laborales. No lo hizo con el sindicato ni lo hará con los trabajadores que acepten las “jugosas” liquidaciones. Se hace parecer un pago de algo menos tres años de salario como una graciosa concesión, siendo en realidad muy poco –en realidad, casi nada– frente a una pensión vitalicia que aseguraría un nivel de vida decoroso del trabajador y de su familia, que bien podría cubrir 30 o más años de vida.

Para concluir, habría que recordar que ni la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ni la LFT confieren atribuciones al secretario del Trabajo para intervenir en las elecciones sindicales y que el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo prohíbe a las autoridades cualquier intervención que tienda a limitar o entorpecer el derecho de los sindicatos a elegir a sus representantes.

No, señor secretario, no es sólo una medida en contra del sindicalismo, es todo un atentado al Estado de Derecho.