El gobierno federal, victima de sus propias estrategias.

Los asesores de Calderón que recomendaron la extinción de LyF, nunca pensaron que sus recomendaciones tuvieran los resultados negativos que viven hoy la CFE y el Gobierno Federal en materia de disturbios (más de medio millón de ciudadanos sin electricidad) en el centro del país.

La situación de crisis que vive el centro de la ciudad de México y zonas que atendía la extinta empresa de LyF, no es resultado de la época del mal tiempo que azota a todo el país, sino, de la política de castigo presupuestal por parte del gobierno hacia el organismo.

Recibe CFE zona centro del País con grandes pendientes, necesario, invertir para modernizar el sistema y evitar fallas en fluido.

Hasta antes de su liquidación, LyF y la junta de gobierno que encabezaba la secretaria de Energía, Georgina Kessel Martínez, identificaron al menos 15 grandes proyectos que permitirían poner en condiciones óptimas las instalaciones de la empresa y garantizar un servicio de calidad a casi 6.2 millones de usuarios con contrato en la zona centro del país (Hidalgo, Morelos, Puebla, estado de México y Distrito Federal), obras que van desde cambio de transformadores, cableado especial, redes subterráneas, sustitución y construcción de subestaciones, a la compra y reemplazo de equipos con más de 30 años de vida útil.

Doce de estos proyectos habrían recibido la autorización de las autoridades hacendarias para incorporarse al paquete económico de 2010 y otros tres fueron diferidos a pesar de la importancia que tienen para resolver los constantes cortes de suministro, apagones, perdida de voltaje y mala calidad de la energía eléctrica que reciben los usuarios cotidianamente en la zona centro del país.

Antes de tomar la decisión de liquidar a LyF, el gobierno federal había optado por suspender los recursos a la modernización de la subestación La Paz, calculados en 46 mil 952 millones de pesos, incluidos gastos de operación, mantenimiento y otros asociados al proyecto en un horizonte de 32 años. La subestación La Paz conjuntamente con la subestación Santa Cruz funcionan en condiciones de alerta, y si en ese momento hay una falla existe el riesgo de colapso del sistema por bajos niveles de tensión eléctrica.

Otra de las obras diferidas es la red subterránea Lomas, con un costo aproximado a los mil 853 millones de pesos. Zona que abarca Lomas de Chapultepec, Reforma Social, Palmitas, Morales Alameda, Lomas Virreyes y Molino del Rey reciben energía eléctrica con mala regulación y cualquier falla en el sistema no podría ser respaldada, en caso de un gran apagón en la zona, se quedarían sin servicio eléctrico.

Otro de los proyectos es el relacionado con la adquisición y reemplazo de equipo con mas de 30 años de vida útil, con un inversión total de 3 mil 914 millones de pesos, de los cuales 826 millones ya se han ejercido, de no continuar con el proyecto 39 subestaciones estarán en riesgo.

La política de ahorcamiento presupuestal a LyF tiene más de 4 décadas, y, sin embargo hacienda dice que no se requerirán más recursos. En el presupuesto de 2010 la partida asignada a LyF desapareció y la asignación de recursos adicionales a CFE no aumento ni un peso.

La pregunta es ¿como pretende el gobierno federal enfrentar los requerimientos de inversión en la industria eléctrica en el centro del país?

¿O es el camino de gobierno federal para permitir la entrada del capital extranjero en la Industria reservada por la Constitución Mexicana para el Estado?

Lo peor para el problema de disturbios en el sistema eléctrico en la zona del centro del país están por venir.